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Eliminación del IVA a los alimentos: la promesa que Macri hizo en 2014 y cumplió acorralado por la crisis

Un año antes de acceder a la Presidencia, el por entonces jefe de Gobierno de la Ciudad había impulsado un proyecto contra el impuesto al consumo, pero una vez en la Casa Rosada cumplió de manera muy acotada.

Tras haberlo reclamado como opositor y haberlo aplicado de manera muy acotada como presidente, Mauricio Macri anunció la eliminación del IVA en varios productos alimenticios. Complicado por la última corrida del dólar y la dura derrota que sufrió en las PASO, el mandatario prometió que el decreto se publicara este viernes y tendrá vigencia hasta fin de año: “Vamos a controlar estrictamente que la norma se cumpla en todo el país”.

“Mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Por eso a partir de la situación que se generó este lunes tomé una decisión excepcional que nunca se había tomado en este país: vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas”, afirmó Macri en un breve video difundido en las redes.

Al respecto, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, manifestó su acuerdo con la medida pero lanzó dos advertencias sobre su implementación. “El tema está en que como es un impuesto que se coparticipa va a tener que ser aprobando por el Congreso Nacional”, indicó y luego se refirió a la cadena de producción.

“Después el tema está en cómo se va a controlar que ese IVA se traduzca en una disminución de los precios porque de lo contrario, desde el punto de vista del consumidor no habría ningún beneficio”, expuso a los medios.

En este mismo sentido, agregó: “Habría que controlar que en toda la cadena se aplique la eliminación del IVA, porque cuando uno va a comprar un producto con precio final, ya viene incorporado en los procesos anteriores”.

Por su parte, el referente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Nicolas Caropresi apuntó a este portal: “Nuestro sector ya venía en una situación compleja, la devaluación posterior a las elecciones -que el Presidente justificó como un castigo al voto argentino- significo una pérdida del poder adquisitivo del 30% para nuestros compañeros en una situación donde ya estaba caído”.

La CTEP ya se había movilizado junto con otras organizaciones sociales a locales de grandes cadenas de supermercados para reclamar que se elimine el impuesto a los productos de la Canasta Básica. Sin embargo, advierten lo complejo de la situación y el alcance limitado de una medida sobre la que son cautos en su implementación por las idas y vueltas que ha planteado el Gobierno solo en esta semana.

“Es una medida necesaria, electoral, populista, pero insuficiente. La situación de precariedad económica de nuestros compañeros demanda políticas más serias y contundente para que afronten de manera más o menos estable la crisis económica que atraviesa la Argentina”, concluyó.

En 2014, el entonces jefe de Gobierno porteño había lamentado desde su cuenta de Facebook que “el IVA es el único impuesto que pagan todos, incluso aquellos que se encuentran en una situación de gran necesidad. Como pasa con muchos jubilados, con las personas que reciben pensiones, o los que tienen planes sociales que los asisten para subsistir”.

“Por eso Gabriela, Diego Santilli y Alfredo de Angeli, nuestros senadores, desarrollaron un proyecto de ley para crear un programa para que a esas personas cada mes se le reintegre el 100% del IVA que hayan pagado comprando alimentos de la canasta básica”, había asegurado sobre una medida que “es fácil de hacer”.

Sin embargo, una vez en la presidencia la medida se aplicó por un período acotado y de manera un tibia, hasta ahora que pasa que el peor momento desde que llegó al poder y tiene serias chances de no acceder a la reelección.

Hasta ahora se la aplico entre 2016 y 2018, cuando se le devolvía el 15% del IVA a jubilados y beneficiarios de asignaciones en caso de que compraran con tarjeta de crédito. Luego se dio de baja la medida que alcanzaba a unos 8,6 millones de personas (entre 4 millones son titulares de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, 3 millones de jubilados y pensionados con la mínima y 1,5 millones que percibían pensiones no contributivas).

“Era transitorio (…) El programa funcionó correctamente durante los años 2016, 2017 y 2018, pero fue utilizado por solo una fracción de los beneficiarios potenciales, a pesar de las campañas de difusión”, declararon en ese entonces desde el Ministerio de Hacienda de la Nación.

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