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En su declaración indagatoria, la ex ministra de Salud Carla Vizzotti aseguró ante la Justicia que no participó en la redacción de la Ley 27.573, norma que demoró la compra de vacunas Pfizer contra el Covid-19, ni intervino en las negociaciones con Rusia y los laboratorios locales para la adquisición de las dosis de Sputnik V. Vizzotti se presentó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, se negó a responder preguntas, pero entregó un escrito al que Clarín accedió en exclusiva a través de fuentes judiciales.
La ex ministra, que estuvo al frente del Ministerio de Salud entre 2021 y 2023 tras la renuncia de Ginés González García por el escándalo conocido como “Vacunatorio VIP”, sostuvo que su labor se limitó a aspectos estrictamente sanitarios, técnicos y epidemiológicos, relacionados con el análisis de información científica, caracterización de plataformas vacunales, criterios de eficacia, seguridad, logística de distribución y estrategias de implementación a nivel nacional.
Vizzotti explicó que hacia septiembre de 2020 comenzó a consolidarse la necesidad de contar con una herramienta legislativa específica que permitiera al Estado negociar y suscribir contratos de vacunas en condiciones acorde con la realidad internacional, marcada por una alta demanda global. En ese contexto, señaló que la Ley N.º 27.573 fue creada para responder a esa situación excepcional. Una vez sancionada, se retomaron los intercambios con los desarrolladores para evaluar si el nuevo marco legal habilitaba avanzar con las contrataciones.
Según su escrito, esta normativa permitió avanzar en los expedientes relacionados con vacunas de AstraZeneca, la Federación Rusa y laboratorios chinos, para los cuales la ley resultaba suficiente para continuar con las negociaciones contractuales. Sin embargo, en el caso de Pfizer, la empresa manifestó, ya vencido el plazo para observaciones del Poder Ejecutivo, que la ley no satisfacía ciertos requerimientos jurídicos que formaban parte de su política contractual global, situación reconocida públicamente en diferentes ocasiones por representantes de la compañía.
Vizzotti puntualizó que el principal obstáculo fue la inclusión en el texto de la ley de la palabra “negligencia” y el régimen de indemnidad frente a eventuales reclamos, así como su relación con bienes con inmunidad soberana protegidos por la legislación argentina. En el debate en la Cámara de Diputados, la legisladora kirchnerista Cecilia Moreau fue una de las impulsoras para incorporar dicho término en la norma, la cual habilitó al Gobierno a comprar vacunas para la emergencia sanitaria y que, según la acusación fiscal, bloqueó las negociaciones con Pfizer.
La ex ministra reveló que Ginés González García, entonces titular de Salud, solicitó la intervención y el apoyo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y de otras áreas jurídicas especializadas para buscar soluciones normativas que permitieran continuar las gestiones. Además, indicó que durante la discusión de la ley en el Congreso, incluso después de su sanción y hasta fines de 2020 y comienzos de 2021, se mantuvieron intercambios constantes —en algunos casos públicos— entre las áreas ministeriales, representantes de Pfizer, el ministro de Salud y la Secretaría Legal y Técnica.
En cuanto a los antecedentes judiciales, el fiscal Carlos Stornelli impulsó una denuncia presentada por un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, que acusaron a Vizzotti y otros funcionarios de haberse beneficiado indebidamente con la compra de vacunas locales y luego de Sputnik, en el marco de las negociaciones con distintos proveedores durante la pandemia. La denuncia señala una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses”.
Desde mediados de 2020, Pfizer habría ofrecido 13,3 millones de dosis, mientras que el fondo COVAX de la Organización Mundial de la Salud ofreció otras 25 millones. Sin embargo, según Stornelli, existió un “claro favoritismo” hacia laboratorios locales que actuaban como “socios locales” de fabricantes, privilegiándolos y relegando a quienes carecían de dicha asociación.
La denuncia fue presentada por los entonces diputados nacionales Omar de Marchi, Waldo Ezequiel Wolff, Álvaro de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enriquez y Federico Zamarbide.
Asimismo, se señaló que Hugo Sigman, propietario de mAbxience, se asoció con la Universidad de Oxford y AstraZeneca para obtener un contrato importante que el Estado pagó por adelantado sin haber recibido las vacunas comprometidas hasta la fecha de la denuncia. El acuerdo, celebrado en octubre de 2020, comprendía la compra de 11 millones de dosis, del cual el Estado habría pagado en noviembre el 60%.
En relación con las vacunas Sinopharm, nuevamente aparece la figura de Hugo Sigman, quien, en su carácter de titular de la empresa ELEA, se habría asociado con Phoenix SRL y la Fundación Huésped —fundada por el doctor Pedro Cahn, asesor del Poder Ejecutivo y vinculada a la entonces ministra Vizzotti— para realizar las pruebas y representar la vacuna en Argentina.
