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La Justicia federal confirmó las medidas cautelares que pesan sobre el financista Ariel Vallejo y su empresa Sur Finanzas en la causa por lavado de dinero y asociación ilícita en el fútbol. Estas medidas incluyen la inhibición general de sus bienes y la inmovilización de sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que Vallejo solicitó el levantamiento de estas restricciones para permitir el normal funcionamiento de la empresa, incluyendo el pago de sueldos y a proveedores. Sin embargo, el pedido fue rechazado debido a los riesgos de que los fondos se destinen a otros fines y porque esos bienes deben estar asegurados para ser recuperados en caso de una condena penal.
Vallejo está acusado de liderar una asociación ilícita y de lavado de dinero mediante el manejo irregular de fondos de su compañía con clubes de fútbol. Su vinculación con el rubro se dio a través del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia. Sur Finanzas fue sponsor y otorgó préstamos a varios clubes, además de prestar su nombre al torneo argentino.
La empresa fue allanada en varias ocasiones, al igual que la AFA y una veintena de clubes con los que tenía contratos de patrocinio y préstamos. Vallejo fue citado a indagatoria junto a otras 12 personas y se presentó a fines de mayo. En esa declaración, afirmó: «Soy inocente. No lavé dinero ni hice ninguna intermediación financiera».
En marzo pasado, la Justicia federal de Lomas de Zamora dictó la inhibición general sobre los bienes, las cuentas y las billeteras virtuales de Vallejo y Sur Finanzas. Entre los bienes embargados figuran diez vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo y un BMW.
Tras cinco meses, la defensa de Vallejo solicitó que se levantaran las medidas, argumentando que los embargos perjudican el desarrollo de la empresa al dificultar el pago de sueldos, proveedores y el cumplimiento de contratos. También advirtió que la causa podría prolongarse varios meses debido a que aún faltan medidas probatorias y resoluciones sobre los acusados.
La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, se opuso al levantamiento. Señaló que se investiga una organización criminal compleja y organizada, con roles definidos, que intentó ocultar dinero mediante intermediaciones. Advirtió que permitir a Vallejo y Sur Finanzas acceder nuevamente a sus bienes y cuentas podría facilitar la repetición de las maniobras denunciadas.
Además, destacó que uno de los objetivos de las causas por delitos financieros es asegurar la recuperación de los fondos y bienes en caso de condena, y que levantar las medidas pone en riesgo ese propósito.
El juez federal Luis Armella avaló esta postura en un fallo dictado a principios de mes, antes de dejar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, cargo que asumió semanas atrás Juan Tomás Rodríguez Ponte.
El magistrado destacó que no se ha precisado la cantidad de trabajadores a quienes se debería pagar haberes, ni se aportaron constancias que permitan verificar la existencia de vínculos laborales vigentes, su modalidad, montos o períodos. Agregó que la falta de individualización de cuentas, montos y beneficiarios dificulta el control judicial sobre el destino de los fondos y abre la posibilidad de desvíos.
Subrayó que el objetivo de las medidas cautelares es impedir acciones que alteren el patrimonio de los investigados, incluidos Vallejo y Sur Finanzas Group, pues podrían afectar la eficacia de una eventual sentencia.
No obstante, el juez sí levantó el bloqueo sobre la clave de identificación tributaria de Vallejo y de Sur Finanzas, considerando que es fundamental para el desarrollo de la actividad económica y que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene facultades administrativas sobre estas claves.
