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La Defensoría Oficial presentó un recurso de inconstitucionalidad para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires analice el nuevo Régimen Penal Juvenil, que fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. El planteo fue impulsado por el defensor Emilio Capuccio ante la Cámara de Apelaciones, con el objetivo de que la discusión llegue al máximo tribunal porteño.
La presentación se conoce luego de que la Cámara en lo Penal y Contravencional de la Ciudad revocara la resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, que había declarado inconstitucional la aplicación de la ley a un adolescente de 14 años investigado por una tentativa de robo en Palermo. La magistrada también había dictado su sobreseimiento.
El caso se originó el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años pidió ayuda a un policía al notar que un grupo de adolescentes lo seguía. La intervención de los efectivos evitó que se concretara el robo.
Al fundamentar su fallo, De Marinis aclaró que se limitaba a las circunstancias particulares del joven y que no cuestionaba la validez general del régimen. Entre otros puntos, tuvo en cuenta que el chico estaba fuera del sistema educativo y tenía dificultades para alimentarse, y consideró que someterlo a un proceso penal podía tener efectos regresivos y estigmatizantes.
La Fiscalía apeló y el expediente llegó a la Sala III de la Cámara, integrada por Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza. Los tres jueces coincidieron en revocar la decisión, aunque con argumentos propios.
Mahiques sostuvo que la jueza no había demostrado que el artículo 1 de la Ley 27.801 fuera incompatible con la Constitución o con los tratados internacionales, y que sus argumentos reflejaban más bien una crítica a la política criminal elegida por el Congreso. Agregó que los jueces no pueden reemplazar una decisión legislativa solo porque consideren que otra sería más conveniente.
Franza, por su parte, cuestionó el procedimiento y advirtió que la resolución había afectado el debido proceso. La Cámara además apartó a De Marinis de la causa, al entender que su pronunciamiento anticipaba una opinión sobre la relevancia penal del hecho investigado.
Con el nuevo recurso, la Defensoría busca que el Tribunal Superior examine los cuestionamientos constitucionales a la norma, lo que abre otra instancia en una controversia que empezó poco después de que el régimen entrara en vigencia, el 5 de septiembre.
Mientras tanto, la ley sigue vigente. La decisión de la Cámara dejó sin efecto el sobreseimiento y dispuso que otro juez se haga cargo del expediente, que podrá continuar con la investigación de la tentativa de robo. De fondo, el debate gira en torno al alcance de la intervención penal del Estado sobre chicos de 14 años y a los límites del control judicial sobre las decisiones del Congreso.
