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La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a la Argentina por violaciones de derechos en la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, integrante de la Corte Suprema hasta 2003. El Senado lo removió mediante un juicio político durante la presidencia de Néstor Kirchner. Según el tribunal, varias decisiones del procedimiento carecieron de fundamentos suficientes y las instancias judiciales que debían revisar los planteos de la defensa no respondieron adecuadamente. La sentencia también consideró que la remoción estuvo ligada al contenido de sus fallos.
El fallo señaló además que la revocación de la pensión vitalicia que le correspondía por haber integrado el máximo tribunal afectó sus derechos. El proceso judicial que inició para reclamar ese beneficio se prolongó durante más de diez años sin justificación, según la Corte IDH. La resolución identificó vulneraciones a las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos políticos, la propiedad, el trabajo y la seguridad social; también sostuvo que las medidas afectaron el proyecto de vida del exmagistrado.
La decisión internacional formalizó un pronunciamiento previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en julio de 2024 había responsabilizado al Estado, entre otros aspectos, por afectar la independencia judicial y la protección judicial. Moliné O’Connor murió en 2014, antes de que se notificara esta sentencia. El caso se originó en el proceso de remoción impulsado en el marco de la renovación de la Corte Suprema iniciada en 2003.
Entre las medidas ordenadas, la Corte IDH dispuso que la Argentina regularice el régimen de pensión, publique y difunda el fallo y pague indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, además de costas y gastos. También indicó que las autoridades interpreten la norma constitucional sobre juicio político de acuerdo con la Convención Americana y la jurisprudencia del tribunal. La jueza argentina Verónica Gómez no intervino en la tramitación ni en la deliberación y firma de la sentencia.
