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El jueves concluye el secreto de sumario que rigió durante veinte días hábiles en la causa que se inició con las grabaciones filtradas de Diego Spagnuolo y mientras el fiscal federal Franco Picardi trabaja en la reconstrucción del presunto circuito de coimas, en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez analizan más de 600 contratos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA durante lo que va de la gestión libertaria.
En este expediente penal se encuentran bajo estudio presuntos hechos de corrupción que involucran a la droguería de la familia Kovalivker y a la Agencia que condujo hasta que se desató el escándalo, Diego Spagnuolo. La hipótesis principal es que habría existido un circuito de sobornos.
Bajo potestad de la fiscalía de Franco Picardi hay una gran cantidad de documentación vinculada a compra de medicamentos, correos corporativos de la droguería, facturas y procesos licitatorios con los que se vio favorecida desde inicios de 2024 a la fecha. Es decir durante lo que lleva en curso la gestión libertaria.
En las más de quince cajas de documentación hay un común denominador: el vínculo entre organismo público y la droguería bajo sospecha.
Por decisión de la fiscalía son dos los focos de investigación, la presunta ruta de coimas y las posibles irregularidades alrededor de las contrataciones con las que se vio beneficiada la droguería Suizo Argentina SA. Una termina siendo, en alguna medida, resultado de la otra.
A cargo de la PIA que dirige el fiscal general, Sergio Rodríguez, está la línea de trabajo que busca determinar si se favoreció a la droguería Suizo Argentina SA de manera irregular con compras de medicamentos. En este punto se investigan posibles sobreprecios y licitaciones direccionadas.
En caso de corroborar que ese entramado existió tiene inmediata repercusión en el segundo esquema y en el que se concentra el fiscal Franco Picardi: la posible ruta de coimas.
Un primer número que está bajo estudio y que concierne a las posibles irregularidades alrededor de las compras que en el último año, es el de $ 55.000 millones. Responde a las licitaciones de la ANDIS y del Ministerio de Salud de la Nación.
Durante los últimos diez días, la PIA recopiló una importante cantidad de información, documentos, normativa interna de la Agencia Nacional de Discapacidad utilizada “para ciertos tipos de contrataciones” con Suizo Argentina SA. Si bien es un mecanismo interno que rige desde 2017 le permitió a la ANDIS realizar “una gran cantidad de contrataciones directas”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
A la fecha, indicaron allegados a la investigación, la Procuraduría que tiene competencia directa sobre delitos cometidos por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, o que involucren a empresas, organismos del Estado y al erario público, hay una gran cantidad de contratos bajo investigación.
En total la PIA tiene en estudio más de 600 contratos desde comienzos de 2024 hasta la fecha que se firmaron para comprarle medicamentos -mayoritariamente- a la compañía de los Kovalivker.
La ventana temporal de los contratos que están siendo analizados se condice con la gestión del presidente Javier Milei. “Es el período de la investigación”, señaló una fuente judicial a Clarín, recordando el planteo que dio origen a la causa penal.
La denuncia penal apunta contra Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, dueño histórico de la droguería Suizo Argentina, supuesta facilitadora en el hipotético circuito de coimas. Sin embargo, hace años Eduardo cedió el manejo de la empresa a sus hijos, Emmanuel y Jonathan.
Todos fueron denunciados por cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública.
La parte que se concentra en las posibles irregularidades cometidas alrededor de las contrataciones como de las licitaciones con las que se alzó la droguería, está a cargo de la PIA.
Por ese motivo se concentró allí la totalidad de las contrataciones que junto a cientos de facturas, son inspeccionadas. Todo esto se entrecruzan con la normativa que rige los procesos licitatorios como las contrataciones directas.
En función de este análisis inicial, lo que se busca establecer es si los números de esas facturas que exponen compras-ventas entre ANDIS y la droguería Suizo Argentina SA, dan cuenta de algún posible sobreprecio.
La pregunta esencial es si se respetaron las leyes que establecen cómo deben ser dichos procedimientos o si existió direccionamiento en los mismos.
La justicia busca realizar la trazabilidad de los pagos realizados por parte del organismo público, a la empresa ahora sospechada de haber pagado presuntos sobornos para hacerse de contratos multimillonarios.
Es decir: la droguería se convirtió en la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS ¿bajo un circuito de beneficios irregulares? ¿Era el pago de coimas la forma de consolidar este sistema? Son las preguntas que tiene abiertas el fiscal Franco Picardi y sobre las que trabaja.
