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El gasto público en subsidios comenzó a repuntar en los primeros meses de 2026, tras cuatro años de ajuste fiscal impulsado por sucesivos incrementos en las tarifas de electricidad, gas, transporte público y agua. Sin embargo, tanto el Gobierno como el Fondo Monetario Internacional (FMI) esperan que, a nivel anual, la ayuda estatal registre una leve reducción.
Luego de alcanzar un pico de $37,1 billones en junio de 2022 (a precios constantes), momento coincidente con la crisis interna del Frente de Todos, el gasto en subsidios se estabilizó hacia finales de 2025 para crecer ligeramente a comienzos de 2026.
Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía y Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el total de subsidios nacionales destinados a energía, transporte y agua aumentó un 14% en términos reales durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025. Esta suba se explica en parte por mayores costos de abastecimiento energético y podría intensificarse en invierno, debido al aumento del precio del gas licuado.
Para afrontar este escenario, una de las estrategias del Ministerio de Economía ha sido contabilizar estos gastos sin realizar su pago inmediato, generando una «deuda flotante». Actualmente, la Nación adeuda aproximadamente $12.500 millones al sector eléctrico, $115.000 millones a las empresas de colectivos y más de $120.000 millones a los trenes, lo que impacta en menores frecuencias y una peor experiencia para los usuarios.
Además, el Ministerio dirigido por Luis Caputo acumula un retraso cercano a cuatro meses en el pago de subsidios para el régimen de zona fría, equivalente a más de $100.000 millones, sumando un total adeudado que supera los $350.000 millones. Este monto no desembolsado permite mantener las cuentas fiscales con superávit, asegurando que los ingresos sean superiores a los gastos.
Economistas como Alejandro Einstoss y Julián Rojo señalan que los niveles actuales de subsidios son «difíciles de reducir, incluso con focalización» y agregan que estos subsidios dejaron de constituir un problema fiscal, como ocurría durante los gobiernos kirchneristas, para convertirse en un problema de ingresos para las familias.
En promedio, el costo de los servicios energéticos representa entre el 3,6% y el 5% del salario medio, según que se reciban o no subsidios. Al considerar el gasto total en servicios, incluyendo transporte y agua, esta proporción asciende al 14,1%.
Respecto a las tarifas, el IIEP advierte: «Surge la interrogante sobre si es sostenible el ajuste de subsidios y tarifas sin una recuperación simultánea de los ingresos de los hogares y de los recursos fiscales, que frene la espiral contractiva de la microeconomía, la caída de la recaudación y la necesidad de un mayor ajuste para sostener el superávit fiscal».
Por su parte, los técnicos del FMI insistieron en la necesidad de que el Gobierno mejore la focalización del gasto en subsidios, tanto en energía como en transporte, destinándolos exclusivamente a los sectores que realmente los requieren. En varios fragmentos del staff report presentado ante el comité de directores —integrado por representantes de países como Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido— se reitera la recomendación de implementar «medidas para una mejor focalización».
Se estima que, con una mayor focalización, el Gobierno podría ahorrar el equivalente al 0,07% del Producto Interno Bruto (PIB) en subsidios energéticos y 0,1% del PIB en transporte público, lo que representa aproximadamente 500 y 700 millones de dólares, respectivamente. Esta reducción se lograría mediante aumentos tarifarios en luz, gas, colectivos, trenes y agua para aquellos hogares con capacidad económica para afrontarlos.
