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Los movimientos sociales reclamaron cambios urgentes y asistencia directa para los sectores más vulnerados por la crisis y la alta inflación. Qué dicen en la Casa Rosada.
Luego de las PASO, vuelven los reclamos para que se reinstale un IFE o una asistencia extraordinaria para los sectores más golpeados.
La decisión está tomada: volcar más dinero en el bolsillo de los argentinos, tras la derrota que le significaron las elecciones PASO 2021 para el oficialismo. En un intento por revertir ese “voto bronca”, el Gobierno acelera un incremento por decreto en el salario mínimo, las jubilaciones y la Asignación Universal por hijo (AUH). Y hasta circula el análisis sobre el eventual retorno del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Como adelantó , el foco esta en volver a seducir a la clase media hacia las legislativas del 14 de noviembre. Pero también en el combo reactivador de consumo, la Casa Rosada apunta a los sectores más golpeados por la crisis y la alta inflación: además de los beneficiarios de la Anses, el Poder Ejecutivo suma reclamos de parte de los movimientos sociales afines, que concentran a los llamados sectores de la economía social.
“Queremos hacer refuerzos que tiene que ver con los sectores a los que no llegó la recuperación en el empleo o están en actividades informales. Ahí es donde estamos trabajando en generar medidas para acelerar la recuperación de los ingresos y que esta reactivación que está en curso le llegue a todos los sectores”, planteó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, este martes en declaraciones radiales.
En ese sentido, una de las versiones que con más fuerza se difundió este martes es la del retorno del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Aunque distintas fuentes descartan de plano esa alternativa, otros sectores del oficialismo pugnan para que alcance al menos a parte de las 9 millones de personas a los que alcanzó la cuarentena más estricta de 2020.
Las versiones apuntan a que se determine un ingreso extra, que el año pasado tuvo 3 pagos de $10.000, para aquellos que no lograron recuperarse ni en parte de la crisis, Se estima que son unas 2 millones de personas que se desenvuelven en la informalidad, que están fuera de la AUH, la tarjeta Alimentar o el plan Potenciar Trabajo o las distintas becas para terminar estudios.
Para ese universo, desde los movimientos sociales cercanos al Gobierno se viene reclamando la puesta en marcha de un ingreso universal, una especie de reemplazo del IFE, atado a la evolución de la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia y que en julio se ubicó en $9386 por persona.
Hasta el momento, el Gobierno desestimó tener margen fiscal para poner en marcha la renta básica y prefirió concentrarse en cómo iniciar un proceso de transición de planes sociales a empleo genuino.
En ese contexto, en los 60 días que restan hasta las legislativas de noviembre, en la Rosada buscarán anunciar acuerdos para que el modelo de planes sociales compatibles con el trabajo rural temporario se replique en actividades como la construcción, el reciclaje, la industria textil y la gastronomía, entre otros.
